En relación al caso que se encuentra a cargo del Dr. Rebechi (con la supervisión del Fiscal Alejandro Gilardenghi), en la Fiscalía Temática de Delitos que implican Violencia de Género, se imputa al señor A.R.B. haber lesionado a su ex pareja, al agredirla físicamente, y haber ingresado al domicilio de ella sin autorización alguna, en la madrugada del día 28 de noviembre pasado, en el interior de la vivienda de la víctima, situado en la localidad de Caleufú. La audiencia se desarrolló ante la Jueza de Control María Jimena Cardoso, quien, por petición del representante del MPF, tuvo por formalizada la IFP por dicho accionar delictivo, encuadrándolo como Lesiones leves agravadas y Violación de domicilio en concurso real; asimismo, ordenó la inmediata libertad del detenido, pero le impuso medidas de coerción sustitutivas de la prisión preventiva, consistentes en prohibición de acercamiento, contacto y comunicación con la damnificada. La defensa técnica del encausado corresponde al abogado particular Carlos Pedro Febre.

Respecto de los legajos tramitados por la Fiscalía Temática de Delitos contra la Propiedad (a cargo del Fiscal Adjunto Sustituto Juan Marcelo Cupayolo, con la supervisión de los Fiscales María Verónica Campo y Damián Campos), cabe decir que en el marco de los mismos se investigan sendos hechos ilícitos perpetrados en la madrugada del día sábado 28 de noviembre del corriente, en la vía pública, en esta localidad de General Pico, con escasos minutos de diferencia entre los momentos de consumación de uno y otro, consistentes en sustracciones de efectos personales mediante el amedrentamiento a las víctimas con armas de fuego, interviniendo en cada hecho dos personas de sexo masculino. Se imputa a los ciudadanos Astorga y Sosa, en uno de los casos, y a Rodríguez y un menor de edad, en el otro, dicho comportamiento delictivo. Las audiencias de formalización estuvieron a cargo de la Jueza de Control María Jimena Cardoso. La defensa técnica de dichos imputados corresponde al Defensor General Guillermo Costantino. La magistrada mencionada, haciendo lugar a sendas peticiones del MPF, tuvo por formalizadas ambas IFP, por tales hechos, los cuales en ambos casos fueron tipificados como Robo calificado por el uso de arma, ordenando la prisión preventiva de Astorga y Sosa por el término de siete días corridos; así como la de Rodríguez, por el mismo término; en el caso del restante imputado por esta última causa, por ser menor de edad (aunque imputable), le otorgó la libertad, colocándolo a disposición del Juzgado de la Familia y del Menor. Es preciso apuntar que al señor Rodríguez se le atribuyó -además- la agravante, para el delito de Robo con arma, de haberlo cometido con la intervención de un menor de 18 años de edad.

Finalmente, en lo concerniente a la causa asignada a la Fiscalía Temática de Delitos contra las Personas, la misma es tramitada por la Fiscal Ivana Soledad Hernández, en la cual se imputa al señor Maximiliano Fernández haber causado lesiones graves y gravísimas a dos personas, una de sexo masculino y la otra femenimo, el día sábado 28 de noviembre, en horas de la madrugada, en calles 25 y 36 de esta ciudad, al colisionar con el vehículo automotor que conducía -Renault 19- la motocicleta Guerrero Dax en la que las víctimas circulaban, arrastrándolos por varios metros. En la audiencia en cuestión, la Jueza de Control Cardoso, respondiendo a lo solicitado por la representante de la Fiscalía, tuvo por formalizada la IFP, por ese ilícito, encuadrándolo como Lesiones graves y Lesiones gravísimas en concurso real (dolosas, con dolo eventual), y dictó la prisión preventiva del encausado hasta la finalización del proceso. El nombrado se halla defendido por la letrada Adriana Mascaró. 

Es pertinente destacar que la Fiscal peticionó formalizar por dichas figuras penales dolosas, considerando que el presunto autor del hecho obró con dolo eventual, modalidad comisiva que, según pacífica doctrina y jurisprudencia, consiste en un obrar en que el sujeto activo, si bien no tiene dolo directo de consumar el hecho, se representa la posibilidad de perpetrarlo y, por ende, afectar los bienes jurídicos tutelados (que en este caso es la integridad física), y sin embargo prosigue con su comportamiento, desinteresándose del posible resultado lesivo, conduciéndose entonces con desaprensión respecto de las posibles víctimas.