El Superior Tribunal de Justicia le ordenó al Ejecutivo provincial que revierta “en forma urgente” la situación de los detenidos en comisarías y alcaidías de la provincia. Hizo lugar así a un planteo de hábeas corpus motorizado por la Defensoría General, a cargo de Eduardo Aguirre, que había sido “rebotado” en otras instancias.

El funcionario consideró que se trata de una decisión “histórica”. El STJ ordenó que los detenidos en malas condiciones sean trasladados y sugirió al Ejecutivo provincial la conformación de una mesa con participación de los tres poderes para solucionar la problemática. Los promotores del hábeas corpus señalan que se trata de una suerte de "Caso Verbistky" en La Pampa, en referencia al planteo ante la Corte Suprema de Justicia que definió la conformación de una mesa con participación de los involucrados en mejorar las condiciones de detención en las cárceles.

Aguirre aseveró que se trata de “una decisión histórica en materia de derechos fundamentales de las personas privadas de libertad”.

En la parte resolutiva, el STJ determina requerir al Poder Ejecutivo que por intermedio del Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad “en forma urgente se arbitren las medidas tendientes a revertir la situación actual en los lugares de alojamiento de detenidos, como así también a reubicar a los sujetos que se encuentren privados de su libertad en las condiciones aludidas, a fin de asegurar el acatamiento de las pautas estatuidas en las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos”.

Además, el máximo organismo judicial recomienda al Ejecutivo que “instrumente la conformación de una mesa de diálogo en la que intervengan los representantes de los tres poderes del Estado, para alcanzar una pronta solución a la situación en que se encuentran las comisarías y alcaidías en la provincia”.

El fallo lleva las firmas de Hugo Díaz y Víctor Menéndez.

El Poder Judicial afirma que aunque “no corresponde a esta esfera evaluar las políticas de la administración provincial en materia de obras públicas, tampoco es razonable admitir que ‘las carencias presupuestarias’, aunque dignas de tener en cuenta, pueden justificar transgresiones de este tipo”.

“Privilegiarlas sería tanto como subvertir el Estado de Derecho y dejar de cumplir los principios de la Constitución y de los convenios internacionales”, advierte.

El STJ remarca que la ley “impone que los jueces velen por las condiciones en que se cumple la privación de la libertad por parte de aquellos que han infrigido la ley”.

Además, el organismo recuerda “la garantía máxima constitucional que define que las cárceles serán sanas y limpias para seguridad, y no castigo de los presos”.

El fallo recuerda pactos internacionales y de Derechos Humanos y refiere al fallo de la Corte en el Caso Verbitsky.

Por eso exige al Ejecutivo y puntualmente al Ministerio del área “la observación del cumplimiento der la normativa para el tratamiento digno de las personas en condiciones de encierro que se hallen en comisarías, alcaidías y destacamentos policiales de la provincia”.

Advierte que el personal policial a cargo de las personas alojadas en esos lugares “se debe abocar al tratamiento de los detenidos en las condiciones descriptas” por las leyes y normativas “aun cuando sus estados procesales excedan el ámbito de contención del lugar en que se encuentran”.

“Es deber del Poder Judicial velar por el cumplimiento de los estándares internacionales y la legislación nacional en materia de ejecución penal y el derecho a la vida e integridad física de las personas detenidas”, asevera el STJ.

Aguirre había hecho un planteo ante el Tribunal de Impugnación Penal, que no hizo lugar. Por eso recurrió en Casación al STJ. El proceso comenzó cuando en la Seccional Segunda de Santa Rosa quedaron en evidencia las penosas condiciones de alojamiento de los detenidos. En ese momento la jueza Florencia Maza llegó a ordenar que un grupo de detenidos fuera desalojado y trasladado a otro punto de detención, en mejores condiciones.

El TIP había rechazado dos veces el planteo de la Defensa.

Una de las exigencias fue que el Ministerio de Gobierno, Justicia y Seguridad terminara con las condiciones de hacinamiento y superpoblación de las alcaidías. Reclamó en ese mismo momento que se convoque a una mesa que “permita arribar a soluciones duraderas, consistentes y respetuosas de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad”. El STJ le dio la razón también en ese punto.

En su momento, los defensores hicieron una inspección en la Seccional Segunda y encontraron nueve detenidos en el lugar. Aguirre advirtió en aquel momento que habría funcionarios policiales que podrían haber incurrido en un delito al desobedecer la resolución judicial.

El defensor general consideró que esta situación es un ejemplo de lo que sucede en el resto de las comisarías y Alcaidías de la provincia desde hace meses. Y se hizo eco de un planteo de los jueces de Ejecución, Martín Saravia y Mauricio Pascual, quienes denunciaron que las condiciones de superpoblación que advirtieron con medio año de antelación se seguían agravando sin que el Gobierno Provincial tome cartas en el asunto.

Aguirre desestimó que la situación de sobrepoblación y hacinamiento en las Alcaidías y comisarías pampeanas tenga origen en la repatriación de presos pampeanos desde otras provincias a la Colonia Penal 4, algo que se logró el año pasado después de varias presentaciones de la Defensoría que ocupa y de la decisión del Tribunal de Impugnación Penal y los Juzgados de Ejecución.

En su blog, “Derecho a Réplica”, bajo el título “La verdad sobre los presos pampeanos y las operaciones de prensa (I)”, Aguirre difundió el hábeas corpus colectivo y correctivo que presentó la semana ante el TIP “en razón del agravamiento sostenido y sistemático de las condiciones de detención en alcaidías y comisarías”.

Aguirre graficó su planteo con el caso testigo de la Seccional Segunda. El funcionario judicial reveló que la inspección en esa comisaría permitió encontrar a nueve detenidos en situación de “hacinamiento, tratos humillantes, inhumanos y degradantes”, contrariando la orden expresa de la jueza de Control Florencia Maza, quien había rehabilitado la posibilidad de alojamiento de detenidos en el lugar pero solo hasta un número de cuatro personas.

La rehabilitación del lugar se había producido luego de que las celdas de la Seccional Segunda de Policía fueran clausuradas a instancias de sendos hábeas corpus presentados por la Defensoría ante las condiciones “ilegales” de detención verificadas.

“Esta conducta de indudable contumacia, merecería desde ya la vista al Agente Fiscal para que investigue la eventual responsabilidad penal de los funcionarios policiales a cuyo cargo se encuentra la Seccional Segunda pero también, obviamente las de las restantes autoridades que, como ellos, fueron oportunamente notificadas por la Jueza de Control, de la decisión que se ha violado ilegalmente”, subrayó.

“Si la capacidad de alojamiento ha sido excedida en más de un 100%, confinando a los detenidos en condiciones indudables de hacinamiento, dicho esto desde un punto de vista estrictamente técnico, corresponde que de inmediato se trasladen a otras unidades policiales los reclusos que excedan el número autorizado, lo que a la fecha constituye una violación flagrante a los derechos humanos que incurre el estado provincial”, insistió.