El Fiscal Juan Bautista Méndez, había imputado al padre, de 49 años,  por los delitos de abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado por haberse cometido por el ascendiente, encargado de la guarda y aprovechando la situación de convivencia preexistente con las víctimas menores de 18 años, todos los hechos en forma reiterada y como delito continuado en perjuicio de sus hijas, todo en concurso real.

La ex pareja de la madre, un jubilado de 63 años, fue imputado por los delitos de abuso sexual simple de una menor de 13 años y abuso sexual, ambos hechos en forma reiterada y abuso sexual con acceso carnal aprovechando la inmadurez sexual de la víctima, un solo hecho, en perjuicio de otra de las niñas, todos ellos en concurso real.

En ese acto el Fiscal solicitó la prisión de 16 años para el padre y 13 años para el otro imputado, contando con la adhesión de la querella particular (en nombre de la madre de las víctimas).  El Fiscal sostuvo que consensuó las penas con la querella. Consideró como agravantes el número de víctimas, las edades de ellas, los daños físicos y psíquicos y la reiteración de los hechos en el tiempo.

A su vez el abogado defensor particular del padre, solicitó 10 años al destacar su comportamiento durante el proceso debido a que, aunque no reconoció los hechos, en todo momento colaboró con la justicia. “Esa conducta, si bien silenciosa, fue una forma de arrepentimiento y de asumir la responsabilidad”, indicó.

El abogado defensor de la ex pareja de la madre alegó por seis años y solicitó que se le sustituya la pena de prisión preventiva por arresto domiciliario hasta que el fallo quede firme, algo que le fue negado.

Tribunal de Audiencia integrado por los jueces Carlos Alberto Mattei, Andrés Aníbal Olié y Daniel Alfredo Sáez Zamora, condenó al padre a (16) dieciséis años de prisión por ser autor de delitos sexuales en perjuicio de sus hijas y a (10) diez años de prisión a una ex pareja de la madre de las víctimas. 

El 6 de mayo de 2015 el Tribunal había declarado a ambos culpables de los delitos (no registran antecedentes penales) y fijado el 20 de mayo como fecha para la audiencia de pedido de pena (también llamada juicio de cesura).

Prensa MPF