Uno de los testimonios más contundentes fue el de Jorge Alberto Barraguirre, procurador general de Santa Fe y presidente de la Red Argentina de Fiscalías Ambientales (RAFA). Durante su exposición, Barraguirre alertó que los cambios propuestos no solo contradicen el mandato constitucional, sino que desarman el sistema de protección uniforme en todo el territorio nacional.

Según el titular de la RAFA, el proyecto —que ya cuenta con media sanción del Senado— presenta inconsistencias legales de fondo en sus artículos 3, 4, 6 y 8. Barraguirre argumentó que la reforma subordina criterios científicos a decisiones políticas locales, lo que rompería la cohesión del sistema ambiental argentino.

Al respecto, el procurador manifestó ante los legisladores:

"Venimos en representación de la Red Argentina de Fiscalías Ambientales. Creemos que los artículos 3, 4, 6 y 8, del proyecto con media sanción del Senado, lucen en franca tensión con el funcionamiento del sistema instituido por el artículo 41 tercer párrafo de la Constitución Nacional. El presupuesto que subyace a estar cuatro normas es con toda evidencia que existe una pluralidad de métodos técnicos y científicos para evaluar las protecciones a otorgar a formaciones glaciares y ambiente o geoformas periglaciares, como así también para evaluar el impacto de las actividades antrópicas sobre ellas. De este modo el proyecto coronaría una concepción de la técnica y de las ciencias indisolublemente ligadas a la territorialidad política y no a una vocación de indemnidad al ciudadano y al entorno. Cada jurisdicción está así autorizada a adoptar un enfoque disciplinar que no es común, que no es homogéneo y que no es uniforme, sino que responderá a la decisión de la autoridad política provincial específica. Este modelo desmonta en consecuencia, y es incongruente con el bloque de constitucionalidad ambiental vigente en la República Argentina. Más aun, este tipo de regulación permitiría una práctica de dumping ambiental que posibilitaría una búsqueda entre las distintas jurisdicciones de generar mayores incentivos a la radicación de inversores, basadas en la disminución comparativa de las exigencias de calidad ambiental".

 

Para la Red de Fiscalías, la modificación no es un avance técnico, sino un retroceso en derechos adquiridos. Barraguirre identificó tres puntos críticos donde se observa una grave regresión ambiental:

1. Vulneración de los presupuestos mínimos: Al perderse la uniformidad nacional.

2. Debilitamiento del Inventario: Una regresión en la caracterización de glaciares y geoformas periglaciares como reservas estratégicas.

3. Flexibilización de prohibiciones: Un impacto directo sobre el elenco de actividades actualmente prohibidas en zonas protegidas.

Hacia el cierre de su intervención, Barraguirre recordó que la RAFA ha presentado un documento técnico, aprobado por unanimidad por más del 70% de sus asociados, que ya obra en manos de la presidencia de la Cámara y de las comisiones pertinentes. En dicho texto, sugieren virar hacia un modelo de gestión similar al de la Ley 25.612 (Gestión Integral de Residuos Industriales), específicamente bajo los lineamientos de su artículo 57.

"Ojalá podamos hacer la mejor ley para nosotros y para las generaciones futuras", concluyó el presidente de la Red, instando a los diputados a priorizar la sostenibilidad a largo plazo sobre los intereses coyunturales.