La causa se inició en el año 2006, a raíz de una denuncia fue realizada por Omar Lara y Ricardo Caso. El Fiscal es el Dr. Jorge Marcelo Amado. Los dos denunciantes declararon como testigos frente al Tribunal de la Cámara del Crimen integrada por los Jueces la Dra. Alejandra Ongaro, la Dra. Elvira Rosetti, y el Dr.Miguel Angel Gavazza.

El representante del Ministerio Público Fiscal Dr. Jorge Marcelo Amado dijo que los acusados cometieron "delito continuado" y aseguró que "aunque son independientes, están muy relacionados entre sí ya que se requiere que para que el sujeto activo de uno de estos delitos, reciba algo; tiene que haber alguien que se lo dé; el autor del cohecho activo".  Agregó que "concretamente el hecho, Romero Oneto, primero como asesor legal y luego como coordinador de una comisión de carácter público que estaba encargada de la ejecución del Acueducto del Río Colorado (Cotarc) recibió del señor Opezzo, que había sido contratado por esta misma comisión a los efectos de llevar la dirección e inspección de esta obra, mensualmente y en 59 oportunidades, 59 cheques entre noviembre de 1998 y diciembre de 2003". El objeto de este "sobresueldo" -así lo calificó- fue "facilitar la operatoria tanto administrativa como de otro carácter de Opezzo en el control de la construcción del Acueducto", sostuvo.

El Fiscal Jorge Marcelo Amado recordó que Romero Oneto negó en su declaración indagatoria ante el juez de instrucción que perteneciera a la Cotarc, algo desvirtuado luego por las pruebas documentales. Señaló que Romero Oneto declaró que el cobro era por "asesoramiento jurídico" que le daba a Opezzo y que podía hacerlo porque no representaba ninguna incompatibilidad con su cargo en la Cotarc. Sin embargo, para el fiscal, nunca se pudo probar ese trabajo de asesoramiento. "Estoy convencido de que no es así; y si hubiera sido así, es poco ético", manifestó.

El Fiscal puntualizó que "se acreditó que Romero Oneto facilitó trámites administrativos que la comisión realizaba, incluido la renovación del contrato de Opezzo, en más de una oportunidad. Opezzo cobró 4 millones por ese contrato, actualizado en varias oportunidades, por lo que si ya es mucha plata ahora, imagínese lo que era en ese momento".

"Ese dinero permitía que se hiciera la vista gorda, sin que la fiscalización fuera demasiado molesta. El señor Romero Oneto se encargaba de facilitarle la gestión a Opezzo y cobraba un sobresueldo, dádiva o como ustedes quieran llamarlo", agregó el Fiscal. Antes de solicitar la sentencia, mencionó que en el derecho italiano, este caso se denominaría "corrupción".

Al finalizar, pidió la condena del abogado Romero Oneto como autor responsable de "cohecho pasivo continuado" a tres años y dos meses de prisión; inhabilitación perpetua absoluta al ejercicio de funcionario público y costas. Similar pena requirió para el ingeniero Opezzo, bajo el cargo de "cohecho activo continuado", sin inhabilitación por no haber sido funcionario público y también costas.

Los abogados defensores de Romero Oneto expusieron sus alegatos durante casi una hora. Inicialmente, la Dra. Carolina Ghione hizo referencia a la redacción del artículo del Código Penal empleado por Amado para pedir la pena y aseguró que existen dos redacciones del mismo y que había que acogerse a "la más benigna para el acusado". La representante insistió en que "la causa contra Romero Oneto había prescripto".

Luego, hizo lo propio el Dr. Sebastián País Rojo, pidió la absolución y la nulidad de los alegatos del Fiscal. "No se determinó cuál era el fin concreto de la supuesta coima, es decir, qué se hizo o dejó de hacer". Insistió.

El abogado el Dr. Sebastián País Rojo reparó en que el pago se debió a un asesoramiento legal particular. "Fue un asesoramiento jurídico que no necesariamente requería un proceso judicial", expresó. Cuestionó al fiscal porque, a su criterio, "no probó" el pago de coimas y fue "impreciso" en su alegato.

A su vez, agregó que no ejercía ninguna "función de control" de parte del abogado hacia el ingeniero. "Uno hacía encuadre legal y el otro trabajaba sobre cuestiones técnicas del acueducto", expresó País Rojo. "No existía control técnico, ni administrativo ni siquiera jerárquico", aseveró.

Finalmente, el Defensor de Opezzo, el Dr. Mariano Alomar, también reclamó la prescripción y la nulidad del juicio. Dijo que "no se acreditó el acuerdo venal" e insistió en cuestionar las pruebas de la causa porque le habrían robado el talonario de la chequera de la oficina de Opezzo.

Finalizada la instancia de los abogados defensores, se les dio la palabra a los acusados. El Enrique Romero Oneto reconoció sentirse afectado a nivel personal, moral y profesional. Aseguró que el 30 por ciento de los consumidores de medios de prensa tiene una idea formada y se consideró como un abogado de cuarta línea.

Por su parte, el ingeniero Opezzo se dedicó a leer un escrito que traía consigo. De su boca, se escuchó decir que "el acuerdo comercial con Oneto existió", pero puntualizó que el letrado lo asesoraba en contratos de arrendamientos rurales; que lo informó en dos accidentes de tránsito que protagonizaron sus hijos y en la recuperación de una chacra de Río Negro.

También manifestó sentirse humillado por el proceso que se seguía.

La sentencia se escuchará el 2 de septiembre, en la sede judicial, a las 18 horas.