Luego de un trabajo de dos años y con la intervención de todos los actores sociales necesarios, el Protocolo buscará organizar la acción de cada sector para que no se interpongan las intervenciones y un niño pase dos veces por la misma situación.

Participaron de la presentación la Ministra de Desarrollo Social y presidenta del Consejo Provincial de la Niñez y Adolescencia, Fernanda Alonso, la Asesora de Menores, Graciela Massara, los subsecretarios de Salud, Jorge Abrego, y de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Pablo Bonino, la diputada Provincial y vicepresidenta de dicho Consejo, Sandra Fonseca; el defensor de los Derechos del Niño, Juan Pablo Meaca; la directora General de Niñez, Marta Fernández, integrantes de la elaboración del Protocolo ASI (Abuso Sexual Infantil) e intendentes.

A partir de estos hechos de abuso sexual infantil, los consejeros plantearon la necesidad de regular en un instrumento de actuación, las intervenciones de cada institución, constituyéndose en un documento inédito para las intervenciones de las distintas jurisdicciones provinciales en la infancia. 

El Abuso Sexual Infantil es un delito. Siempre es grave por definición. No puede tolerarse la reincidencia. El abuso debe detenerse a partir de la intervención. 

El criterio princeps que deberá presidir las actuaciones en el presente Protocolo es el Interés Superior del Niño/a, el objetivo es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención y desarrollo holístico del niño (Comité de los Derechos del Niño. 2013). Las medidas urgentes y articuladas constituyen la garantía de la protección de NNyA, tanto jurídica como psicosocial y determinan en los casos de Abuso Sexual la adopción de la prolaxis sanitaria y recolección de evidencia física y psíquicas del abuso.

El criterio que la intervención persigue es la adopción de medidas urgentes y de protección, dirigido al cese del abuso y a aliviar el dolor de la víctima, sin merma de las garantías procesales y asistenciales. Procura que las actuaciones que se efectúen con los/as niños, niñas y adolescentes sean las estrictamente necesarias, evitando la repetición de diligencias, de declaraciones y de exploraciones que pueden agravar su delicada situación emocional y su victimización. 

Todas las víctimas de Abuso Sexual en la infancia tienen derecho a ser tratadas con dignidad, así como a ser informadas, a expresar sus puntos de vista, a ser escuchadas, a ser asistidas, y sobre todo el derecho a ser protegidas de los sufrimientos que conllevan el proceso judicial.

En el caso de NNyA con discapacidad deben procurarse los apoyos necesarios para garantizar sus derechos. 

La ausencia de indicadores físicos no descarta la posibilidad de que haya ocurrido un Abuso Sexual Infantil.

 

Las medidas contempladas en el protocolo deberán ser coherentes con los lineamientos y estándares internacionales, nacionales y provinciales para el abordaje de NNyA víctimas de Abuso Sexual en la infancia y con los principios de actuación de cada institución implicada.

Prensa MPF