La Fiscal, Alejandra Moyano González, acusó a Torancio por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, en (22) veintidós  hechos que concurren en forma real entre sí, concursando asimismo en forma ideal con el delito de fraude a la administración pública (Art. 265, 55, 54, art. 174, inc. 5º en relación con el art. 172, todos del Código Penal) y solicitó una pena de (3) tres años de prisión en suspenso (Art. 26 del C.P.) e inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de funciones públicas y (2) dos años de cumplimiento de las reglas de conducta prevista por el art. 27 bis inc. 1º del CP, con costas (arts. 377, 382 y 475 del C.P.P. y arts. 40 y 41 del C.P.).

Entre el día 18 de enero de 2013 y el 26 de enero de 2014, Claudio Norberto Torancio en su carácter de funcionario público por ser responsable de la zona de Santa Isabel de Vialidad Provincial, realizó (11) once contrataciones de bienes y servicios con un familiar (la documental acredita dichas operaciones). También, Torancio realizó (11) once contrataciones de bienes y servicios con un familiar (la documental acredita dichas operaciones). Asimismo, como encargado de tareas operativas Zona Santa Isabel de Conservación de Vialidad Provincial, Torancio le facturó servicios a un familiar. Cada factura fue pagada y los trabajos no se realizaron.

El imputado realizó contrataciones de bienes y servicios con familiares directos, las que resultan incompatibles en función de su cargo, al beneficiarse él mismo con actividades de la administración pública que representa, habiendo por otra parte realizado acciones que perjudicaron a la administración pública, al haber abonado trabajos no realizados.

Los abogados defensores son Marcelo Piazza y Boris Vlasich.

La resolución fue dictada en el marco de un proceso de juicio abreviado.

El Juez de Audiencia, Gastón Boulenaz, condenó a Claudio Norberto Torancio a la pena de (3) tres años de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de funciones públicas, por ser autor material y penalmente responsable del delito de negociaciones incompatibles con la función pública, en (22) veintidós hechos que concurren en forma real entre sí, concursando asimismo en forma ideal con el delito de Fraude a la Administración Pública (Arts. 265, 55, 54, art. 174, inc. 5º en relación con el art. 172, todos del Código Penal), con costas, atento el ejercicio de la Defensa particular (Arts. 475 y cc del CPP, art. 29 inc. 3 del C. Penal) y le impuso el cumplimiento de reglas de conducta 0por el término de (2) dos años (art. 27 bis inciso 1º del C.P.), debiendo fijar residencia y someterse al cuidado del Ente de Políticas Socializadoras para personas en conflicto con la Ley Penal (Ley 2831).

Prensa MPF