Estuvieron presentes los ministros del Superior Tribunal de Justicia, Hugo Oscar Díaz, Fabricio Losi y José Sappa, el Procurador General, Mario Oscar Bongianino, el Defensor General, Eduardo Aguirre,y otros funcionarios judiciales, el ministro de Gobierno y Justicia, Daniel Pablo Bensusán, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam, Oscar Alpa, el vicedecano Francisco Marull y demás representantes de dichos organismos. 

El monitoreo se desarrolló mediante un convenio firmado por la facultad y el Ministerio de Gobierno y Justicia de La Pampa. El objetivo fue analizar la marcha del actual Código Procesal Penal de la provincia sancionado el 7 de septiembre de 2006 mediante Ley 2287 y que entró en vigencia el 1º de marzo de 2011, conforme la Ley 2586. 

Esta reforma tuvo su origen en un proyecto de investigación de la Facultad. Con los resultados, se podrán hacer desde el Poder Judicial modificaciones y correcciones en el CPP y su aplicación.

Realizaron la presentación de los aspectos técnicos que surgen del monitoreo, la directora del informe, la abogada Leticia Lorenzo y el auditor externo del informe, el abogado Mauricio Duce, autor de numerosas publicaciones sobre justicia criminal y el sistema procesal penal chileno, quienes resaltaron que el monitoreo dará una pauta sobre las falencias y fortalezas del sistema judicial actual.

También participaron en el trabajo Lourdes Compagnucci, Laura Carrizo, Antonella Marchisio y Gisella Raso. 

Leticia Lorenzo señaló que la tarea fue considerar la legislación actual, sus fortalezas y debilidades para pensar en un sistema eminentemente oral; y explicó que para eso se tuvo en cuenta “la opinión de los actores directos del sistema: jueces, fiscales, defensores, integrantes de las Oficinas Judiciales y diversos organismos judiciales de apoyo técnico al funcionamiento del sistema”. 

Además, fue considerada la opinión de otros actores vinculados con la justicia penal: periodistas, colegios de abogados, miembros del gremio judicial, policía de la provincia. Se analizaron las estadísticas producidas por la justicia penal, las cargas procesales actuales, las organizaciones de los diversos actores para trabajar esas cargas procesales.

Prensa MPF