La Fiscal, Alejandra Gabriela Moyano, acusó a Daniel Aníbal Pérez, con la calificación legal por el delito de rapto en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad cometida con violencia, equiparando este último término porque le suministro a la víctima una sustancia narcótica, agravada por la calidad del autor por ser funcionario público y por pertenecer a una fuerza de seguridad del Estado y solicitó una pena de (3) tres años de prisión de ejecución condicional y la obligación de  someterse al control de la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación para Personas en Conflicto con la Ley Penal, por el plazo de (3) tres años.

El día 22 de mayo de 2012, a las 22:00 horas, Daniel Aníbal Pérez recibió en su vivienda a la víctima que concurrió al domicilio del nombrado porque éste la invitó con la excusa que tenía unos regalos para entregarle, además ella trabajaba en su casa cumpliendo la tarea de servicio doméstico. El imputado le convidó una bebida que contenía una sustancia narcótica que le produjo sueño persistente, borrachera residual, trastornos de memoria, incoordinación, confusión, desorientación, reteniéndola en contra de su voluntad en ese domicilio.

El Defensor oficial, Edgardo Javier Trombicki, consideró que se trata de hechos complejos, insistiendo en la inocencia de su defendido.

El informe de la Oficina de Atención a la Víctima del Delito y a los Testigos -OAVyT- relató que la víctima, luego de lo sucedido tuvo angustia y temor de salir de la casa durante varios meses y luego fueron disminuyendo. Estuvo durante un mes en tratamiento terapéutico en la ciudad de Santa Rosa, que luego debió abandonar porque tenía dificultades para trasladarse y no existían profesionales en su localidad.

El Tribunal integrado por los Jueces Carlos Alberto Besi, Andrés Aníbal Olié y Daniel Alfredo Saez Zamora, condenó a Daniel Aníbal Pérez a la pena de (3) tres años de prisión de ejecución condicional, por ser autor material y penalmente responsable del delito de rapto y se ordenó a Pérez, fijar residencia y presentarse mensualmente ante la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación para Personas en Conflicto con la Ley Penal, por el plazo de (3) tres años.

Prensa MPF